Durante la dictadura franquista, se produjo un claro retroceso de los derechos de las mujeres, especialmente de aquellos relacionados con su actividad en la esfera pública. Toda la legislación que permitía la autonomía personal y económica feme­nina, y que había sostenido la igualdad entre hombres y mujeres durante la II República fue abolida. El conservadurismo de base católica y patriarcal del régimen se encarnó en una política autoritaria que reprimía cualquier desviación de los roles de género tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, y premiaba el doblega­miento de las mujeres a su lugar natural, la familia y el hogar, dando pleno sentido a la rancia expresión hispánica de que la mujer, mejor «con la pata quebrada y en casa»1.

El triunfo de la retórica franquista sobre el papel de las mujeres en la esfera pública modeló una realidad social y personal que afectó a muchas de las mujeres que vivieron la dictadura. Quizá la tardía creación de las denominadas pensiones no contributivas, ya consolidada la democracia española, para dar cobertura a las personas que no cotizaron por su empleo durante los años del franquismo, tenga algo que ver con esa realidad femenina. El particular discurso social y moral de la dicta­dura, que disuadía sobre el acceso y la permanencia de las mujeres a un mercado laboral reglado, reduciendo su presencia al desempeño de trabajos informales y en el ámbito de la economía sumergida, en el mejor de los casos, trajo como consecuen­cia que millones de españolas se encontraron totalmente desprotegidas a la hora de acceder a su jubilación2. Recientemente, además, se ha admitido a valorar como tiempo trabajado el periodo de prestación del Servicio Social de la Mujer, cumplido por muchas españolas y del que hablamos en este artículo. Muchas antiguas trabajadoras no acumulaban suficiente tiempo cotizado como para aspirar a una pensión de jubilación digna, de ahí la importancia de considerar, a efectos contributivos, este tiempo dedicado a una obligación para con el Estado3.

El artículo que sigue pretende contextualizar, en primera instancia, los condi­cionantes sociales y políticos que marcaron las carreras laborales femeninas durante toda la dictadura. En segundo lugar, se analizan los modos en que la organización femenina oficial del régimen, la Sección Femenina, adaptó a ese contexto sus herramientas adoctrinadoras y formativas de las mujeres que participaban en el mercado laboral, o aspiraban a hacerlo. Todo ello como estudio de base para un posterior análisis de caso sobre fuentes orales: el de las trabajadoras de la ciudad de Zaragoza en la época del desarrollismo (1959-1975)4.

Retroceso en derechos, formación y oportunidades laborales para las mujeres en la dictadura

En consonancia con la nueva moral franquista, los vencedores de la guerra civil limitaron las oportunidades formativas y laborales de las mujeres, tanto legal como socialmente, en especial las de las madres de familia. Mediante un articulado jurídico y un repertorio firme de valores morales bien extendidos, estipularon que el lugar natural de las mujeres era el hogar, y determinaron que a la esfera privada debían consagrar sus vidas. Para lograrlo, el régimen articuló un corpus jurídico dedicado a sancionar este modelo de mujer, organizado en tres frentes. El primero de ellos, referido al ámbito civil y familiar, bendecía el matrimonio católico y la descendencia como única opción vital para la mujer, premiando la natalidad y el abandono del empleo femenino al contraer matrimonio. En lo penal, se castigaban de manera específica y más dura aquellos delitos cometidos por mujeres, al hilo de la moralidad de la época y con carácter ejemplificador sobre los peligros de la transgresión de los roles de género asignados. Por último, y en cuanto al ámbito laboral, foco de nuestro interés, también se definieron nuevas limitaciones legales, partiendo de la idea de que la preparación o el desempeño de un empleo o profesión suponían una puerta abierta a la emancipación femenina. El régimen quería consagrar un modelo de familia en el que cada progenitor tenía su rol en esa célula básica de la sociedad franquista, y si el masculino consistía en convertirse en el breadwinner, el femenino pasaba por encerrarse en las paredes del hogar5.

Partiendo del Fuero del Trabajo de 1938 (El Estado […] En especial, prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica)6, la legislación franquista condenó la presencia de las mujeres en el mercado laboral, sobre todo en aquellos puestos de trabajo de mayor visibilidad. Estableció evidentes restricciones al empleo femenino, tanto directas como indirectas. Entre las prohibiciones tajantes encontramos la de inscribirse como desempleadas en oficinas de empleo; o el acceso vedado a ciertas profesiones y escalafones profesionales7; así como la instauración del despido por matrimonio a cambio de una indemnización popularmente llamada «dote»8. Otras limitaciones u obstáculos al desempeño de una profesión fueron por ejemplo la obligatoriedad de cumplir con el Servicio Social (prestación social femenina de la que hablaremos más adelante), la perpetua discriminación salarial y/o de categorías profesionales por cuestión de género o la necesidad de licencia marital para contratar un empleo y cobrar el propio salario. Por supuesto, el cobro de los subsidios familiares para cabezas de familia exigía una madre consagrada al hogar, lo mismo que los premios de natalidad o los préstamos por nupcialidad creados en los primeros años de la dictadura9. No obstante, no existió una prohibición expresa y genérica del empleo femenino, al margen de las limitaciones expuestas a propósito de las mujeres casadas. No era necesario prohibirlo, cuando existía todo un conglomerado de normas morales y reproches sociales, con mayor capacidad de amedrentar y estig­matizar a las mujeres que trabajaban, que cualquier medida legal.

Para poder devolver a las mujeres a sus funciones tradicionales, la de madre y esposa, tan importante era segregarlas del ámbito laboral como moldear su papel en la sociedad desde la educación, apartándolas de cualquier tipo de enseñanza desti­nada a ejercer un empleo. Por ello, la legislación educativa marcó itinerarios educativos diferenciados por sexos desde la escuela, de tal manera que se frenaban los intereses intelectuales de las niñas y se orientaban sus vocaciones hacia la vida familiar10. Lo cierto es que al margen de este currículo segregado, no existieron auténticos impedimentos legales que prohibiesen el acceso de las mujeres a la enseñanza media o superior, ni a determinados estudios considerados «masculinos». Eran la moral y la amenaza del reproche social lo que regulaba verdaderamente la continuidad de la formación de las mujeres, pues las formadas e intelectuales eran vistas como mujeres anómalas, no aptas para el matrimonio o la familia11. A pesar de no existir una restricción formal para que las mujeres estudiasen medicina o ingeniería, la presencia de mujeres en institutos o universidades se concebía como algo excepcional, que transgredía lo moralmente esperable de una «señorita». El sesgo de género que se daba a la primera enseñanza abocaba a no continuar las enseñanzas medias, y en el caso de que se optara por cursar estudios superiores, estos se orientaban hacia profesiones o carreras «femeninas» (enfermería, magisterio, etc.), en estrecha relación con la soltería12.

En resumen, la legislación que el régimen franquista dedicó a las mujeres, las dejó en una situación legal, social y económica de minoría de edad perpetua, la «muerte civil» del derecho romano13. Con el objetivo, entre otros, de apartarlas del mercado laboral en la medida de lo posible, dado que las condiciones de posguerra (penuria económica, precariedad laboral y una población masculina insuficiente, dada la mayor incidencia de la mortalidad y represión sobre los varones) parecían invitar a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y ello no era en absoluto conveniente desde el punto de vista ideológico. Por ello, desde antes de que finalizase la guerra civil y en las zonas que quedaban bajo el mando sublevado, se iría imponiendo un modelo tradicional de mujer hecho a la medida de los rebeldes y sancionado por una legislación acorde. Tradicional, católica y respetuosa de la moral conservadora, aunque no beata, entregada a la familia, pero de una manera prag­mática, fervorosamente patriota y en la medida de lo posible, sin un trabajo remunerado fuera del hogar.

La Sección Femenina como herramienta de control de las mujeres trabajadoras

Con el fin de reforzar el rol de género prescrito por el régimen franquista, el aparato de la dictadura se ayudó de una organización propia, la Sección Femenina de Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera. La Sección Femenina (SF, en adelante) fue la encargada de reforzar el ideal de mujer franquista, de adoctrinar a las españolas de todos los rincones de la geografía nacional, y por supuesto, ejercer un fuerte control social, reprobando las desviaciones que al respecto del modelo de mujer se pudiesen encontrar14. Bajo esas premisas, la SF actuó al amparo del estado franquista en diversos frentes de acción, con el objetivo de llegar a la máxima canti­dad de españolas posible, fuese cual fuese su edad, lugar de residencia o condición. En lo que interesa a este artículo, hablaremos de cómo la SF alcanzó a las mujeres que tenían un empleo o se formaban para obtenerlo. Del modo en que intentó si no contener el acceso de las mujeres al mercado laboral, al menos controlar a las españolas que participaban en la vida pública y adoctrinarlas en el mensaje de la prioridad doméstica, intentando conciliar la realidad económica del régimen con su construcción ideológica.

Por un lado, la SF se hizo presente en todos los niveles educativos de la enseñanza pública mediante la docencia exclusivamente a las niñas de la asignatura de «Hogar», en enseñanza primaria y media15. La educación superior contaba tam­bién con la omnipresencia de la organización para el control de las estudiantes, tanto en la docencia de asignaturas propias como en los ambientes universitarios en general (rama femenina del SEU, Colegios Mayores, residencias y bibliotecas universitarias, círculos culturales, grupos de coros y danzas, equipos deportivos, etc.), así como la necesidad del certificado de Servicio Social para obtener cualquier titulación profesional. Asimismo, la SF creó titulaciones profesionales propias que le permitían, por un lado, nutrirse de personal formado por y para la misma organización, y por otro, poder contar con empleadas afines en otros sectores labo­rales. Muchas de las estudiantes que cursaban las enseñanzas profesionales de la SF venían recomendadas o incluso becadas por la organización u otras obras del régimen, siendo algunas de ellas de origen humilde. Esto implicaba que se esta­bleciera un grado de compromiso o sentimiento de deuda por parte de las estudiantes que sin duda la organización aprovecharía en su propio beneficio para rentabilizar sus enseñanzas profesionales como una fórmula de control social.

Otro de los campos de acción de la SF sobre las mujeres que participaban en el mercado de trabajo o aspiraban a ello, era la obligatoriedad del cumplimiento del Servicio Social16. Fue esta una prestación obligatoria desde 1940 para todas las españolas solteras de entre 17 y 35 años de edad que quisieran obtener títulos profesionales y formativos, y poder ejercerlos en la vida laboral; aspirantes a desti­nos y cargos en administraciones, corporaciones y funciones públicas (o sufragadas con fondos públicos), así como empleos en los organismos dependientes de la Falange. En 1946, se reguló una modalidad específica de esta prestación, después de deliberar la SF si lo hacía extensible a las españolas que trabajaban fuera de casa. Se creaba así el «Servicio Social para productoras»17. Este tipo de prestación era reducida con respecto a la modalidad «ordinaria» y las trabajadoras sólo habrían de cumplir con la parte formativa del Servicio Social, organizada en clases diarias de dos horas durante seis meses, en las que se impartían formación religiosa, cultura política y «Enseñanzas del Hogar». Como toda iniciativa destinada al control social de la población, la SF gratificaba a las trabajadoras que cumplían con esta obligación y amenazaba con penalizar a las que se resistían a hacerlo18.

El Servicio Social era, en definitiva, el estandarte de la SF al respecto del control de las mujeres que trabajaban o que aspiraban a hacerlo. Existían no obstante diversidad de fórmulas más o menos directas con las que la organización falangista intentó acercarse a las trabajadoras y vigilar que el desarrollo de un empleo extradoméstico no pusiera en excesivo riesgo la preservación de las virtudes de género.

Desde antes de finalizar la guerra se había creado en el seno de la SF un departa­mento dedicado a las campesinas y obreras, la «Hermandad de la Ciudad y del Campo». Sus actuaciones estuvieron muy limitadas y se ciñeron a la formación y asistencia de mujeres rurales, fundamentalmente, si bien se mantuvo contacto con los centros de trabajo con mano de obra femenina que contaban con representantes sindicales propias. A las trabajadoras, la SF intentó extender las ventajas que la política de masas del estado franquista ofrecía a sus ciudadanos: mediación en la solicitud de prestaciones sociales, práctica de deporte y danzas regionales, así como reserva de plazas en residencias o campamentos vacacionales de la Organización Sindical.

El cambio de política económica del régimen a partir de la década de los 60, el desarrollismo o «milagro español», supuso también un giro en la forma en que la SF se dirigía a las trabajadoras. Si en las décadas anteriores, su atención se había centrado en el medio rural, la migración a las ciudades y la incorporación de las mujeres al mercado laboral que implicaba la modernización económica, hicieron virar el foco de interés de la organización femenina. La estructura interna de la SF se organizó en regidurías por áreas de competencia, creándose la Regiduría de Tra­bajo (1958). La aprobación en 1961 de la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer19, y el exitoso lanzamiento del I Plan de Desarrollo (1964-1967) abrían definitivamente la puerta a la especialización laboral de la SF. Entre 1966 y 1967, nacía el Departamento de Trabajo de la Mujer, en una suerte de interconexión del área de trabajo de la SF con otras instancias políticas y sindicales del estado franquista. La constante reestructuración del área de trabajo femenino dentro de la SF da una idea de la voluntad de la organización por hacer del empleo de las mujeres un asunto de estado. En esta segunda etapa económica de la dictadura, la atención de la SF se centró en la formación profesional femenina y en la tutela de ciertos colectivos de trabajadoras especialmente vulnerables: las aprendizas y las empleadas de hogar.

A pesar de la aparente adaptación de la SF a las necesidades sociales y econó­micas del país, lo cierto es que poco había variado el mensaje propagado por la organización a las mujeres. La prioridad de la familia y de la dedicación al hogar seguía ocupando el lugar central de su discurso, y si bien se aceptaba la carrera intelectual y profesional de las mujeres como una exigencia de los nuevos tiempos, nunca se perdió de vista el horizonte de género al que naturalmente las mujeres debían regresar. En estas circunstancias de contraste entre modernidad socioeconó­mica y prevalencia de un discurso de género conservador, ¿qué papel jugó la SF en las vidas de las trabajadoras que salieron al mercado laboral en el desarrollismo franquista?

Las mujeres trabajan: adaptación de la ideología franquista de género a la realidad laboral de la Zaragoza del desarrollismo

A pesar de las restricciones impuestas por la legislación, la orientación eminentemente segregadora de la educación femenina y las limitaciones de la mora­lidad franquista, el trabajo de las mujeres en la dictadura fue un hecho innegable. Hemos indicado que a pesar de todos los obstáculos que el régimen puso a las carreras formativas y laborales de las mujeres, no se establecieron prohibiciones tajantes como para barrer a las mujeres del mercado laboral. En ciertos sectores productivos y en circunstancias personales concretas, el empleo femenino no era solo necesario, sino deseable. Si se cumplían unas máximas que no ponían en riesgo la prevalencia del modelo familiar del breadwinner (esposo/padre como proveedor principal de recursos), el trabajo femenino podía tolerarse. Cuando las tareas desempeñadas por las mujeres resultaban complementarias a las del varón, si no tenían una visibilidad excesiva y se remuneraban por debajo de lo estipulado cuando el empleado era hombre, el trabajo podía ser asumido con normalidad, de preferencia si éste se desarrollaba en la economía sumergida20. Por ello, las cifras de población activa femenina procedentes de fuentes oficiales que podamos aportar, resultarán siempre cuestionables y esconderán la realidad de un fenómeno que se sentía con mucha mayor fuerza de la que nos indican las estadísticas21.

La existencia del empleo femenino fue pues una realidad durante la dictadura franquista, ganando en volumen y visibilidad sociales conforme ésta llegaba a su final. Resulta elocuente, en este punto del artículo, recurrir a la visión de las propias trabajadoras a propósito del significado de sus carreras laborales, del fenómeno del empleo femenino en la dictadura y de la presencia en ellas de la Sección Femenina o las diversas fórmulas de contención del empleo femenino que venía desplegando la dictadura desde sus inicios. Para ello, tomamos como ejemplo la ciudad de Zaragoza, foco privilegiado de atención de las políticas económicas del Primer Plan de Desarrollo franquista (1964- 1967). El hecho de que la capital aragonesa contara con ventajas exclusivas para la instalación de industria, servicios y el asentamiento de población trabajadora, hizo del empleo femenino un fenómeno de especial creci­miento y consideración para nuestro estudio. Por las evidentes circunstancias del paso del tiempo y la escasez de recursos orales correspondientes a la posguerra, tuvimos que tomar como referencia una muestra de trabajadoras, en su mayor parte, «de segunda generación» (las que comenzaron y desarrollaron su carrera laboral en la segunda etapa del franquismo, la que concierne al desarrollismo), donde las circunstancias económicas y oportunidades formativas y laborales se habían abierto con respecto a los años 40 y 5022.

La absoluta mayoría de trabajadoras procede de modestas familias rurales de la provincia de Zaragoza u otras aledañas. Ya fueran ellas mismas o sus progenitores los migrantes, reconocen la emigración como un mecanismo de promoción social, así como cierta ascensión o ruptura social fruto del éxodo rural.

Dada la humilde condición de sus familias y el coste de la formación profesional, pocas recibieron enseñanza media y superior, aunque reconocen el valor de los estudios a la hora de configurar una vida laboral más reputada. Tanto ellas como sus padres y madres concedían importancia al aprendizaje de un oficio como símbolo de un empleo digno y una estabilidad económica y personal. En cuanto a la capacitación profesional adquirida, se priorizó el sentido práctico y la aplicación inmediata de lo aprendido, bien fuese la formación en el centro de trabajo (apren­dizaje), formación profesional reglada (centros públicos) o formación «rápida» en academias privadas, siempre en relación con «empleos femeninos» (corte y confec­ción, mecanografía, etc.). Algunas de ellas cursaron estudios en la Universidad Laboral Femenina de Zaragoza, centro público de enseñanzas medias y formación profesional inaugurado en 1967 y gestionado a nivel administrativo por la SF23.

La gran mayoría de las trabajadoras fueron aprendizas antes que empleadas adultas, esto es, trabajaron siendo menores de edad y en una situación de pupilaje que implicaba formación en el centro de trabajo. Ya se indicó en el epígrafe anterior que las aprendizas eran objeto de especial interés para la SF por la vulnerabilidad que presentaban este tipo de niñas-trabajadoras en un país que se abría a la moder­nidad económica, en medio de circunstancias precariedad y explotación laboral, que efectivamente nos confirman las entrevistadas. La organización femenina proponía un acercamiento a las aprendizas no exento de paternalismo, con el objetivo de supervisar su situación laboral y poder regularizar sus contratos de trabajo, así como ofrecer cierta formación básica, recibiendo muchas de las veces una respuesta de rechazo por parte de los empresarios24. Buena parte de las entrevistadas que pasaron por esta situación lo hicieron en pequeños talleres, sin recibir apenas remuneración y considerando el aprendizaje como un favor que la empresa hacía a la familia. No existía para ellas contrato laboral alguno ni, por tanto, regulación de tareas, jornadas, horarios o condiciones ambientales y materiales de trabajo, recayendo sus obliga­ciones en hacer «un poco de todo» y estar a total disposición de los patronos25. La conversión en trabajadoras «adultas» llegaba al encontrar un contrato laboral digno de tal nombre, un salario decente o entrando a formar parte de «grandes empresas». En la España del desarrollismo había gran oferta y demanda de empleo, por lo que la temporalidad, transitoriedad y lamentablemente también alegalidad eran caracte­rísticas frecuentes, como veremos más adelante. Cambiar de trabajo era, en conse­cuencia, relativamente rápido y sencillo.

El estado civil mayoritario de las trabajadoras de la muestra es la soltería, siendo ésta la tónica general en aquellas actividades profesionales que exigían formación específica y cierto componente vocacional (oficina, docencia, enfermería). Relatan no obstante que la ocupación de mujeres casadas ya no era algo excepcional en la segunda parte de la dictadura. Añaden además que muchas trabajadoras abando­naban el empleo al casarse (recibiendo la «dote»), y por ello estas mujeres no se esforzaban por encontrar empleos estables, conscientes de la temporalidad de estas ocupaciones prematrimoniales. Insisten sin embargo en que el trabajo de las mujeres casadas era muy habitual y además solía hacerse en la economía sumergida, es decir, en peores condiciones laborales que antes de contraer matrimonio. Las trabajadoras de la muestra que tuvieron hijos lo hicieron por debajo de la media española y con dificultades en sus empresas para continuar trabajando tanto durante el embarazo como después de dar a luz. Sorprende de todos modos la naturalidad con la que vivieron su maternidad a pesar de tantos inconvenientes, sacando adelante a los hijos sin el sentido de sacrificio que damos hoy a la conciliación de la vida personal y familiar. Aceptar las renuncias que suponía ser madre y trabajadora como algo «natural» demuestra aquí la asimilación inconsciente de los valores patriarcales de la dictadura.

Volvemos aquí a la importancia del empleo femenino en la economía sumer­gida, tan característico de una España que se modernizaba a marchas forzadas. El régimen franquista no hacía demasiados esfuerzos por controlarlo, y lo vemos en los intentos fallidos de la SF por regular la situación de las aprendizas o las empleadas de hogar. La producción clandestina era necesaria para reflotar la economía española y dar a las familias unos ingresos suficientes para salir adelante. No era prioritario para las autoridades laborales franquistas garantizar la seguridad de los trabajadores o regular las condiciones de trabajo. El empleo femenino en la economía sumergida permitía a las familias obtener un tipo de ingresos extraordinarios que aumentaban su poder adquisitivo, y al ser alegal, estaba dotado de cierta invisibilidad, lo cual no cuestionaba el modelo de familia breadwinner ni los pilares ideológicos del régimen26.

Cuando preguntamos a las entrevistadas si la SF se cruzó en su vida como trabajadoras, todas mencionan haber pasado por alguno de sus cursos, con la expre­sión «hacer la SF». La mayoría se refieren al Servicio Social, otras cursaron estudios de tipo profesional, la asignatura de Hogar en enseñanzas medias y superiores, pero en ocasiones no son capaces de llamar a aquella formación por su nombre concreto. Si las alumnas no eran capaces de distinguir el tipo ni el contenido de las enseñanzas que recibían, ¿cómo iba la SF a ganárselas?

En cuanto al Servicio Social, la mayoría de las entrevistadas lo recuerda como un tedioso episodio de su juventud. En un par de casos, se valora el intento que hacía la prestación por «preparar para la vida», a unas trabajadoras menores sin expe­riencia, ni profesional ni vital. Sin embargo, la mayoría cuestiona su utilidad y, como muestra, aluden a que las facilidades que daba la propia SF para poder cumplir con el Servicio Social, y así compatibilizarlo con la jornada laboral, demuestran que la prestación era muy poco valorada. Algunas de las entrevistadas participaron también en el aparato sindical franquista, como único canal existente para articular las propuestas de los trabajadores. Por la particular conciencia social de aquellas que lo hicieron, indican lo ficticio y teatral del aparato sindical del régimen, pues en ningún caso buscaba defender los derechos de los trabajadores y mucho menos de las trabajadoras.

Conclusiones: la obsolescencia del discurso de género de la dictadura frente a la identidad de las trabajadoras del tardofranquismo

La SF, como el régimen, no podía mirar para otro lado ante las urgentes demandas sociales existentes a propósito de la situación de las mujeres, en general, y las trabajadoras, en particular. Aunque de manera tardía, superficial y minoritaria, anecdótica para la élite política del régimen, la SF trasladó a la esfera pública algunas de las inquietudes que afectaban a las españolas y consiguió que se transformaran en reformas legales beneficiosas para las mujeres. En los últimos años de la dictadura, las falangistas se llenaron la boca con el difuso concepto de la «promoción de la mujer».

A este respecto, la breve década de los 70 supuso un intento acelerado de la organización por ponerse al día, en paralelo a otros colectivos femeninos que comen­zaban a gestar propuestas más vanguardistas e igualitarias en materia de género y a tono con lo que se venía dando en otros países occidentales. En materia laboral y a partir de 1964, la SF se comprometió a preparar cursos específicos para mujeres dentro del programa de formación profesional para adultos (los conocidos cursos PPO, Promoción Profesional Obrera), destacando en 1967 la apertura de la Univer­sidad Laboral Femenina de Zaragoza, macrocentro de formación profesional para mujeres que ya hemos mencionado. Por otro lado, comenzó un seguimiento de los convenios colectivos y ordenanzas de trabajo según lo prescrito por el Decreto de 22 de agosto de 1970 sobre no discriminación laboral por razón de género, alcanzando sus quejas a las propias Cortes españolas27.

La SF y las insuficientes reformas del régimen llegaban tarde, cuando la realidad social superaba el marco legal y las previsiones económicas de la planifi­cación franquista. Las trabajadoras españolas llevaban décadas desarrollando sus carreras pese a la prevalencia del discurso de género del régimen y cada vez adquirían mayor visibilidad. Ya hemos indicado que, pese a la rígida moral de la época, y el conservadurismo aparente de la sociedad española, ninguna de las limitaciones al empleo femenino durante la dictadura fue tajante u obligatoria. Incluso el cumplimiento del Servicio Social, requisito imprescindible para poder obtener un empleo o titulación profesional, podía «sortearse» de alguna manera o reducirse su tiempo de prestación. Obsta decir que, si no existía un contrato de trabajo, y hemos visto que esto era el pan de cada día entre las españolas, el certifi­cado de haber cumplido con la prestación no tenía ningún valor.

Nos gustaría concluir este artículo subrayando la impronta que el hecho de ser trabajadoras, en una época en la que serlo no estaba del todo bien visto, dejó en las vidas de estas mujeres28. Haber podido acceder a entrevistarlas cuando buscábamos candidatas bajo la etiqueta «antiguas trabajadoras» resulta realmente significativo. Su ocupación marcó una huella en su identidad, conscientes en cierto modo de que rompían con las virtudes de género deseables. Algunas de ellas incluso llevaron más allá esa rebeldía y desarrollaron una actividad sociopolítica ligada a la resistencia democrática. Militasen en el antifranquismo o se mantuviesen al margen de él, ninguna de las entrevistadas es indiferente a la importancia de sus carreras laborales, tanto en lo personal como en una sociedad que se resistía a incorporar a las mujeres al mercado de trabajo. Fueron conscientes de la autonomía y la identidad que les dio su capacidad de trabajo y su profesión; valoraron el aprendizaje del oficio, hicieron esfuerzos por formarse para promocionar y dieron pasos decididos en su carrera laboral. Siguiendo a Peter Burke, las trabajadoras habrían dotado a su propia experiencia de un simbolismo mágico, quizá mitificando su propio pasado; no falseándolo, sino dotándolo de una pátina de romanticismo en torno a la excep­cionalidad de su faceta laboral, absorbiéndolo y asumiéndolo como suyo29.

El hecho de que algunas mujeres accediesen, no sin vencer numerosos obstáculos, a carreras formativas y laborales estables y prolongadas en el tiempo en la segunda mitad de la dictadura, daba al empleo femenino un sutil carácter de rebeldía. Mantener la prevalencia del empleo como elemento prioritario en sus vidas, abría muchas veces un conflicto, tanto social, como político e incluso familiar, entre los roles desempeñados por estas trabajadoras y el ideal de mujer perpetuado por el franquismo.

Cuando se habla de la resistencia antifranquista se suele contemplar la militan­cia activa en asociaciones, partidos o sindicatos democráticos. Bajo nuestro punto de vista, las mujeres trabajadoras que desafiaron la moral de género que se les había impuesto desde la primera enseñanza y las limitaciones legales prescritas al empleo femenino, contribuyeron de un modo loable al cambio social y fueron un elemento cuestionador de los roles asociados a las mujeres que intentaba perpetuar la dicta­dura. Consideramos que estas trabajadoras forman parte de las denominadas «resistencias femeninas» a la dictadura porque su presencia desafiante en la esfera pública les confiere sin duda un papel transformador de la sociedad en la que vivieron30.